Concejo pide anular contrato de fotomultas

El Concejo de Floridablanca solicitó nuevamente a la Alcaldía de este municipio la anulación del contrato firmado con la empresa Infracciones Electrónicas de Floridablanca, mediante el cual se implementó el sistema para la imposición de comparendos, más conocido como fotomultas.

En un debate que duró cuatro horas y que contó con la participación de las autoridades de tránsito, veedurías, entes de control y representantes de la firma contratista, se hicieron señala-mientos de diversa índole.

La veedora metropolitana de transporte, July Mariana Cifuentes, fue la encargada de abrir el debate denunciando que en su concepto, las sanciones impuestas mediante este sistema carecen de respaldo constitucional, ya que “la Dirección de Tránsito no puede castigar al propietario del vehículo ni se puede delegar el poder policivo a particulares”.

A su turno el concejal Ferley González Ortiz, llamó la atención en torno a dos presuntas irregu-laridades en el contrato. Por un lado, dijo, “por jurisprudencia está prohibido que el Estado delegue a un particular el cobro coactivo”; y por otro, dijo que se trata de un cobro indebido por cuanto el 45 % del recaudo va para un particular y solo el 17 % es para la Dirección de Tránsito.

“Aquí se está buscando el beneficio de muy pocas familias no de la comunidad”, señaló.

¿Por qué no lo hizo la DTF?

El concejal César Sánchez puso de manifiesto que la empresa que obtuvo el contrato se constituyó después de firmado éste, lo cual, en su concepto, “es legal, pero deja un mal sabor de boca”.

Pero advirtió que el tema del control y sanción de los infractores de tránsito hubiera podido ser manejado por la misma entidad reguladora del tránsito en el municipio.

“¿Por qué Floridablanca no tenía cómo ejecutar este contrato? Un particular se está quedando con todo cuando hasta las oficinas, los agentes y todo lo está poniendo la DTF”, sostuvo.

Más incisivo y crítico fue el concejal Salvador Molina que calificó de buitres a los operadores del sistema.

“Parecen aves de rapiña escondidos esperando a los infractores”, dijo, y denunció que se están imponiendo multas en casos extremos como el de personas que llegan a las clínicas a dejar o recoger pacientes.

“Es un contrato dañino y lesivo para la comunidad, para la DTF, para todos. Hay que demandarlo”, concluyó.

Y las críticas no pararon ahí. El concejal Hermes Durán dijo que el contrato es ilegal y advirtió que “Floridablanca se ha convertido en un tesoro para hacer saqueos, lo cual vemos en este tipo de contratos. Es un carrusel de contratos, es leonino”.

Otros concejales que intervinieron en el candente debate como Oliverio Solano solicitaron que se sigan aplicando los comparendos pero por parte de la Dirección de Tránsito; mientras que Rafael Marín se mostró en desacuerdo con el sistema empleado “ya que se trata de un negocio”.