Menú de categorías

| Nov 11, 2016 | Periodista del Barrio

Problema de los informales no debe ser solucionado a ‘garrotazos’

Jorge Enrique Acevedo

Periodista del Barrio

Respetuosamente me permito hacer algunas acotaciones sobre la información titulada en la edición de Gente de Cañaveral (edición 428): “Nuevos Operativos para recuperar el espacio público”: Es delicada toda política que se intente en torno a los vendedores ambulantes o informales, porque esta situación es de un hondo contenido social.

El sistema económico colombiano que no ha sido capaz o no ha querido – por ser excesivamente excluyente – resolver esta coyuntura social – no ve qué es lo que pasa en realidad con esta gente que se dedica a esta actividad comercial.

Se trata de multitudes (porque es en todo el país) que al no tener como devengar honradamente su sustento porque el Estado no brinda oportunidades decentes para que sus habitantes pueden vivir sin miseria, por medio del rebusque tratan de sobrevivir.

Entonces la cuestión no puede mirarse como actividades represivas organizadas por la Policía (que tanto le gusta ese papel), sin crear opciones que eviten que esa gente al no tener como sobrevivir, vayan en búsqueda de la delincuencia porque dentro de los caminos de la decencia no recibieron sino garrote, y sea como sea tienen que vivir.

Naturalmente, los comerciantes formales que no piensan sino en su particular negocio, en incrementar las ventas, pues piden represión. Y desde luego el gobierno que ha descuidado todo este problema por muchas décadas, no sabe qué hacer y no profundiza en el estudio respectivo para, de allí, emerger una solución.

Por otra parte, es indispensable que los señores agentes de policía, si proceden, lo hagan respetando la normatividad. Hay que verificar el destino de toda esa mercancía que, según ellos “incautan”, si como dice el Código de Policía, hay el acto jurídico que les autorice, si hay documento alguno de lo que “incautan”, y del destino que dan a toda esa mercancía, porque en oportunidades se ha visto que el destino de todo ese accionar es para beneficios de otros particulares que “pescan en río revuelto”. Ah( . . .) y que se tenga en cuenta que la gente compra a estos vendedores simple y llanamente por cuestión de precios.

Desde luego, los productos no ofrecen la misma calidad pero por dar un ejemplo, quienes venden libros “piratas” lo hacen a diez mil o veinte mil pesos frente a versiones legítimas que se consiguen en librerías a $60 mil o $70 mil, precios recargados por impuestos que hoy por hoy se quieren aumentar.

La gente compra por simple cuestión de costos. Eso tampoco se resuelve por decreto, ni por civismo. Conclusión: Así como el mototaxismo y otros casos similares, los ubers, etc, el Estado no puede solucionar simplemente a garrotazos.